El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dejó en claro su negativa a reducir las tarifas del Anillo Periférico, consideradas de las más altas del país. Las cuotas, que van desde 971 hasta 1,371 pesos para tráileres de 7, 8 y 9 ejes, continuarán vigentes, pese a las demandas de las Cámaras y empresas del transporte de carga que exigen una rebaja. Para el mandatario estatal, la solución no está en apoyar al sector privado con tarifas más bajas, sino en obligar a los transportistas a pagar los altos costos establecidos.
Reformas legales para prohibir tráilers en la ciudad
En lugar de atender las peticiones de los transportistas, García busca que los tráileres no transiten por las calles de Monterrey y el área metropolitana. Su propuesta central es reformar la ley para prohibir completamente la circulación de estos vehículos en la ciudad y forzarlos a usar el Anillo Periférico, independientemente de los costos que esto represente para las empresas. Según el gobernador, el actual Reglamento Homologado no tiene suficiente peso para limitar el paso de tráileres, por lo que el cambio debe ser legal y vinculante.
“Queremos como Estado plantearle a los Alcaldes que hagamos una ley porque el Reglamento Homologado tenía buenas intenciones, pero sencillamente no puede un reglamento poner obstáculos”, declaró García. “Por eso vamos a plantear que en ley venga todo este tema de reglamentación de tráileres y entonces sí, obligarlos a que usen el Libramiento y el Periférico si no tienen como destino la Ciudad”, añadió.
Indiferencia hacia el sector privado y los transportistas
Esta postura ha sido percibida como una falta de apoyo a la industria privada y al sector de transporte de carga, que ha señalado repetidamente que las tarifas actuales son insostenibles. En lugar de buscar soluciones que beneficien a ambas partes, el gobernador insiste en imponer medidas que, lejos de fomentar la colaboración con las empresas, las colocan en una situación económica más complicada.
A pesar de los llamados de transportistas y cámaras empresariales, el gobernador no muestra interés en ajustar las cuotas o buscar acuerdos que permitan a las empresas continuar operando sin enfrentar costos excesivos. Incluso al ser cuestionado sobre si se mantendrían las mismas tarifas para transportes de carga, García respondió con un tajante “Por lo pronto, sí”.
El camino hacia las reformas legales contra transportistas
García ha solicitado a los Alcaldes y Diputados locales que apoyen una reforma a la Ley de Movilidad para que estas restricciones sean implementadas. El objetivo es que los tráileres no puedan ingresar a la ciudad a menos que sea estrictamente necesario. Esto, además de reforzar el uso obligatorio del Anillo Periférico, limitaría las opciones de los transportistas y empresas de carga.
Impacto en la industria y en la movilidad urbana
Con la negativa a reducir las tarifas del Periférico y el empuje por reformas legales, el gobierno estatal parece priorizar un control más estricto de la movilidad urbana sobre el alivio financiero del sector privado. Al obligar a los transportistas a usar una infraestructura con costos elevados y prohibirles el paso por la ciudad, se generan mayores cargas económicas para las empresas y un ambiente menos favorable para la industria del transporte en el estado.
Además, la falta de diálogo o medidas conciliatorias incrementa la percepción de una postura hostil hacia el sector privado. Mientras tanto, la propuesta de reformas legales podría ser un proceso largo y complejo, durante el cual las empresas tendrán que seguir enfrentando los altos costos sin ninguna señal de apoyo por parte del gobierno estatal.
La decisión del gobernador Samuel García de mantener altas tarifas y forzar a los tráileres a utilizar el Anillo Periférico refleja una postura dura hacia la industria privada. En lugar de buscar acuerdos que beneficien a todos los involucrados, el mandatario se ha enfocado en exigir reformas legales que dificulten aún más las operaciones de los transportistas. Esto ha generado críticas tanto por la falta de apoyo al sector como por la insistencia en imponer restricciones que podrían tener un impacto significativo en la economía local y en la relación entre el gobierno estatal y la iniciativa privada.
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