Diputados locales exigieron explicaciones al Gobierno de Nuevo León por la baja en la recaudación del impuesto verde, justo cuando la contaminación ambiental ha alcanzado su punto más alto en cinco años. Denuncian falta de claridad y exigen mayor transparencia en el cobro y uso del recurso. Piden saber qué empresas pagan, cuáles dejaron de hacerlo y por qué.
Diputados Piden Explicaciones Al Gobierno Estatal
El desplome en la recaudación del impuesto verde ha generado preocupación. A pesar del visible deterioro ambiental en la zona metropolitana de Monterrey, el cobro por este gravamen cayó un 10 por ciento durante el 2024, según cifras oficiales.
La contradicción entre el aumento de la contaminación y la reducción del ingreso por este impuesto llevó a diputados de distintas fracciones a exigir rendición de cuentas.
Se cuestionó si el problema radica en las industrias que extraen caliza o en otras fuentes de contaminación, como el aire o el suelo. Señaló que es urgente revisar qué empresas habían estado pagando el impuesto y por qué dejaron de hacerlo. “Hay que ver en dónde se está registrando la baja”.
Por su parte, un miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, denunció la opacidad del Gobierno del Estado en este tema. Afirmó que lo único evidente es la falta de certeza sobre a quiénes se cobra, cuánto se recauda y cómo se usan esos fondos. “El común denominador en el impuesto verde es la falta de certidumbre, de transparencia y de claridad”, dijo.
Contaminación Al Alza Y Recaudación A La Baja
La situación ambiental en Nuevo León ha empeorado considerablemente. De acuerdo con datos recientes, la contaminación registrada en 2024 es la más alta en los últimos cinco años. Sin embargo, esta alarmante situación no se ha reflejado en una mayor recaudación del impuesto ecológico, diseñado justamente para enfrentar este tipo de crisis.
Se advirtió que este impuesto se está convirtiendo en letra muerta. “No es posible que cada vez más vivamos una mayor contaminación y que el impuesto verde vaya a la baja, que no se esté cobrando”. El gobierno estatal ha fallado tanto en aplicar el cobro como en destinar correctamente lo recaudado.
Ante este panorama, la ciudadanía también comienza a expresar su inquietud. Activistas y especialistas en medio ambiente han reiterado la necesidad de contar con un sistema de fiscalización riguroso que permita verificar que el dinero que ingresa por este concepto realmente se utilice para reducir la contaminación.
Demandas De Transparencia Y Fiscalización Efectiva
Los legisladores coincidieron en que el problema principal radica en la falta de transparencia. Aunque el impuesto verde fue creado como una herramienta para combatir la contaminación, no hay evidencia clara de que los fondos están siendo canalizados a proyectos ambientales. Este vacío en la información genera desconfianza y sospechas de mal manejo.
Se pidió que la Secretaría de Medio Ambiente y la Tesorería estatal rindan un informe detallado sobre los montos recaudados, las empresas contribuyentes y los proyectos financiados con ese recurso. Para los diputados, es fundamental que la ciudadanía sepa exactamente cómo y en qué se gasta cada peso recaudado por este impuesto.
Finalmente, los representantes populares advirtieron que continuarán exigiendo una auditoría pública sobre el manejo del impuesto verde. Si no se garantiza una gestión transparente, advirtieron, el congreso podría tomar medidas para revisar o reformar la normativa actual.
La Contaminación No Espera, Y El Tiempo Se Acaba
El impuesto verde fue diseñado como un instrumento para frenar el deterioro ambiental, especialmente en regiones altamente industrializadas como Monterrey. Sin embargo, su efectividad depende de que se cobre adecuadamente y se use para financiar soluciones reales, no solo para cumplir metas administrativas.
La caída del 10 por ciento en su recaudación, justo en el año más contaminado del último lustro, refleja un problema estructural: una política ambiental sin rumbo claro y sin mecanismos de evaluación pública. Esto pone en duda el compromiso real del gobierno con la protección del medio ambiente.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen expuestos a niveles peligrosos de partículas en el aire, agua contaminada y suelos erosionados. El llamado de los diputados busca no sólo respuestas, sino también acciones concretas y una política más firme y honesta frente al cambio climático.
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