- Prometen revisar obras tras meses de omisión
- Contralora queda fuera de la revisión de corrupción estatal
- Evaden explicar triangulaciones y sobrecostos estatales
- Presumen transparencia sin incluir órganos autónomos
- Ciudadanía exige respuestas a la corrupción estatal, no discursos
Tras meses de silencio ante acusaciones de contratos opacos y sobrecostos, el gobierno de Samuel emprende una revisión interna para deslindarse de cualquier acto de corrupción estatal. Sin embargo, la Contralora (organización encargada de la transparencia estatal) fue excluida de esta evaluación, lo cual despierta sospechas.
Prometen revisar obras tras meses de omisión
Después de ignorar cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, el Gobierno de Nuevo León anunció una “autoinspección” para demostrar su supuesta honestidad. La medida fue presentada por Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, y Mariela Saldívar, titular de la Oficina de la Gubernatura.
Ambos funcionarios afirmaron que el objetivo es comprobar que la actual administración es “incorruptible”. No obstante, este esfuerzo llega luego de meses sin ofrecer respuestas sobre temas sensibles como sobrecostos en obras públicas y contratos triangulados con empresas factureras.
Flores aseguró que el Acueducto Cuchillo 2, la Carretera Gloria-Colombia y las líneas 4, 5 y 6 del Metro son “prueba” de la honestidad del gobierno. Pero no presentó evidencia técnica, financiera ni jurídica para sustentar sus declaraciones.
Contralora queda fuera de la revisión de corrupción estatal
Uno de los puntos más polémicos del anuncio fue la exclusión de María Teresa Herrera Tello, Contralora estatal y encargada legal de vigilar el uso de recursos públicos. Su ausencia ha despertado críticas y dudas sobre la legitimidad del proceso de revisión anunciado.
La Contraloría tiene la obligación constitucional de identificar y sancionar actos de corrupción en el gobierno. Dejarla fuera del análisis sugiere que no se trata de una auditoría rigurosa, sino de un ejercicio de control de daños para proteger la imagen del gobernador.
Saldívar explicó que será su oficina la responsable de recopilar y presentar los hallazgos de esta autoevaluación. Cada martes se informarán a los medios de comunicación los avances de las investigaciones y, en su caso, las sanciones correspondientes a funcionarios.
Sin embargo, no se mencionó si habrá participación ciudadana, ni si organismos autónomos podrán auditar el proceso. Tampoco se aclaró si habrá consecuencias legales para quienes resulten involucrados en irregularidades.
Evaden explicar triangulaciones y sobrecostos estatales
El Gobierno prometió aclarar todas las dudas sobre posibles actos de corrupción, pero evitó comprometerse con fechas, documentos o metodologías específicas. Flores fue cuestionado sobre los sobrecostos del Acueducto Cuchillo 2 y los contratos modificados del Metro. No ofreció respuestas concretas.
Tampoco explicó las triangulaciones con empresas factureras usadas para arrendar camiones, un tema que ha generado amplio rechazo ciudadano. Aseguró que se “transparentará absolutamente todo”, pero sin precisar cómo, ni cuándo.
El hecho de que los proyectos a revisar sean los mismos que han sido denunciados en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades levanta más suspicacias. El gobierno los presume como “obras honestas”, pero aún no se han publicado auditorías o informes técnicos que lo respalden.
La omisión sistemática de datos evidencian que el discurso de transparencia podría ser solo una respuesta superficial ante la presión pública.
Presumen transparencia sin incluir órganos autónomos
En medio de esta iniciativa para combatir la corrupción, el Gobierno estatal aseguró que busca adoptar estándares internacionales, sobre todo en procesos como las compras públicas. Sin embargo, no se explicó cómo se aplicarán ni quién evaluará su cumplimiento.
Saldívar declaró que esta nueva etapa servirá como “puente” para aclarar cualquier “desinformación”. Pero la exclusión de la Contraloría y la ausencia de mecanismos de vigilancia externa debilitan la promesa de un gobierno transparente y abierto.
Hasta el momento, no se han dado señales de que la autoinspección vaya a tener consecuencias legales reales. Tampoco se ha hecho público un cronograma que permita a los ciudadanos hacer seguimiento a los avances prometidos.
Expertos en rendición de cuentas advierten que el uso de evaluaciones internas sin intervención de entes fiscalizadores independientes puede convertirse en simulación, en lugar de un ejercicio auténtico de rendición de cuentas.
Ciudadanía exige respuestas a la corrupción estatal, no discursos
Mientras el Gobierno insiste en defender su narrativa de que no hay corrupción, sectores sociales reclaman hechos y no declaraciones. Desde el inicio de la gestión, la opacidad ha sido una constante en las licitaciones, adjudicaciones directas y ejecución de obras públicas.
Organizaciones civiles han exigido que se investigue a fondo el uso de recursos y se haga pública toda la información relacionada con los proyectos bajo sospecha. En especial, reclaman claridad sobre los costos reales, los beneficiarios de los contratos y los procesos de adjudicación.
La presión sobre el gobierno de Samuel García seguirá aumentando si las promesas no se traducen en acciones concretas. Por ahora, los anuncios de transparencia siguen siendo eso: anuncios sin resultados verificables.
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