El Gobierno estatal vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse la asignación de contratos millonarios a empresas fantasmas de Nuevo León. En esta ocasión, la empresa Maltrex, S.A. de C.V., fue beneficiada con más de 16 millones de pesos para servicios de impermeabilización y mantenimiento escolar, a pesar de estar vinculada con presuntas irregularidades y prácticas cuestionables.
El Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración otorgó a Maltrex un contrato por 3.7 millones de pesos el pasado 7 de abril de 2025 para impermeabilizar el Pabellón Ciudadano. Este contrato se suma a otros pagos previos realizados por la Secretaría de Educación en 2024, donde se asignaron más de 12 millones para el mantenimiento de once planteles educativos en municipios como Monterrey, Guadalupe y Juárez.
Vínculos con otras compañías
La controversia alrededor de Maltrex crece al conocerse que su representante legal, David Maldonado Martínez, aparece como apoderado de otras empresas fantasmas de Nuevo León, incluyendo DMM Legal Solutions y Servicios y Gestiones Estratégicas LM, S.A. de C.V.
DMM Legal Solutions, con sede en Ciénega de Flores y Reynosa, Tamaulipas, ha sido señalada por la Auditoría Superior del Estado por presuntos servicios “fantasma”. En 2023, esta empresa recibió un pago de 753 mil pesos del municipio de Ciénega de Flores por supuestos servicios de gestión de adeudos del Impuesto Predial. Sin embargo, la auditoría determinó que no se presentó evidencia suficiente que demostrara la ejecución real de los trabajos contratados.
El informe detalló que no se encontraron pólizas de fianza ni documentos que justificaran la entrega y validación de los servicios, incumpliendo con las leyes estatales de adquisiciones y fiscalización. Estas omisiones alimentan las dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y el posible uso de empresas fantasmas de Nuevo León para desviar fondos.
Repetidos señalamientos en auditorías
La Auditoría Superior del Estado fue clara en subrayar que las irregularidades en los contratos adjudicados a DMM Legal Solutions no fueron solventadas. Según el contrato revisado, el procedimiento fue adjudicación directa, aprobado por el Ayuntamiento, pero sin los soportes legales necesarios.
Además, se identificó que tanto la empresa Maltrex como DMM Legal Solutions comparten datos de contacto y dirección, lo que incrementa las sospechas de que podrían operar como parte de una red de empresas fantasmas de Nuevo León diseñadas para captar recursos públicos a través de servicios simulados o inflados.
Este esquema de adjudicación y falta de controles adecuados refleja un patrón preocupante en el manejo de contratos por parte de las autoridades estatales, dejando a la ciudadanía en incertidumbre sobre la correcta aplicación de sus impuestos.
Otros contratos y licitaciones
La empresa Maltrex no solo obtuvo contratos en el ámbito educativo y gubernamental, sino que también participó en procesos de licitación para la reparación de instalaciones públicas. Para el caso específico del Pabellón Ciudadano, la empresa ganó la licitación entre cinco participantes, justificando la urgencia por filtraciones que amenazaban con dañar la infraestructura interior.
El contrato incluyó el retiro de 6,600 metros cuadrados de membrana impermeabilizante y la colocación de una nueva capa, además del tratamiento de grietas y sellado especializado. También se contempló la disposición final de los desechos en centros de acopio autorizados.
En el ámbito educativo, los montos adjudicados a la empresa Maltrex oscilaron entre 293 mil y 2.4 millones de pesos por plantel, conforme al informe de adquisiciones de 2024. La Secretaría de Educación, encabezada por Sofíaleticia Morales, fue la responsable de formalizar estos contratos.
Crece exigencia de transparencia
La constante aparición de empresas fantasmas de Nuevo León en contrataciones oficiales ha despertado la indignación ciudadana. Organizaciones civiles y especialistas en rendición de cuentas han exigido explicaciones claras y sanciones para los funcionarios que permitan estas prácticas.
Además, piden fortalecer los mecanismos de control interno y auditoría para prevenir que los recursos públicos terminen en manos de compañías sin respaldo real. La presión social crece, exigiendo al gobierno estatal y municipal demostrar un verdadero compromiso con la transparencia y la integridad administrativa.
Las acciones futuras del Gobierno de Nuevo León serán decisivas para restaurar la confianza y garantizar que los servicios contratados se realicen de manera efectiva y en beneficio de la población.
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