En medio de una creciente tensión política, el proyecto de presupuesto estatal para 2026 revela una tendencia preocupante: mientras Samuel García se asigna un aumento del 16%, a los otros poderes y órganos autónomos se les aplican recortes de hasta el 32%. Este manejo presupuestal no solo genera dudas sobre las prioridades del gobernador Samuel García, sino también sobre la sostenibilidad democrática en Nuevo León.
Recortes Del Gobierno A Poderes Y Órganos Autónomos
La propuesta presupuestal presentada por el Tesorero estatal, Carlos Garza, ante el Congreso local, plantea un aumento general del presupuesto del gobierno estatal, beneficiando directamente al Ejecutivo. Sin embargo, para el resto de los poderes y organismos independientes, el incremento global apenas llega al 3% en comparación con lo aprobado en 2025.
Los más afectados son el Poder Judicial, al que se le recortarían más de mil 200 millones de pesos respecto a lo solicitado, y los órganos electorales, que enfrentarán reducciones que ponen en riesgo su operación. El Tribunal Electoral del Estado (TEE) recibiría un 32.57% menos de lo que pidió, mientras que al Instituto Estatal Electoral (IEE) le recortarían un 30.85%.
Asimetría Presupuestal Que Favorece Al Ejecutivo
Mientras al Poder Judicial se le asignarían solo 3 mil 605 millones de los más de 4 mil 800 millones que solicitó, el Ejecutivo mantiene su crecimiento presupuestal intacto. A la Fiscalía General de Justicia se le retirarían más de 450 millones de pesos de lo que había proyectado como necesario para operar el siguiente año.
A los organismos legislativos también les tocó la tijera. El Congreso local pidió 574 millones de pesos, pero la propuesta del Ejecutivo plantea recortar ese monto a 549 millones. Incluso la Auditoría Superior del Estado (ASE), que depende del Congreso, vería una reducción del 7.95%.
Resulta paradójico que, mientras el presupuesto del gobierno estatal se infla para fortalecer al Ejecutivo, los órganos responsables de vigilar y equilibrar el poder vean mermada su capacidad operativa. Esta lógica presupuestal, lejos de garantizar contrapesos democráticos, parece diseñada por Samuel García para debilitarlos y actuar de manera corrupta libremente.
Samuel Elimina A Transparencia Y Aumenta Gasto Propio
Otro caso escandaloso es el del Instituto Estatal de Transparencia, que literalmente desaparece del proyecto de gasto: no se le asigna ni un solo peso para 2026. Esta omisión, en tiempos donde la rendición de cuentas por parte de Samuel es más necesaria que nunca, refleja una actitud autoritaria hacia la fiscalización ciudadana. ¿Por qué Samuel decidió anular el pago a esta institución?
Samuel García o El Ejecutivo pretende obtener recursos adicionales mediante deuda pública y busca justificar un crecimiento del 16% en su propio gasto. Lo hace sin explicar cómo beneficiará a la población este aumento, y sin resolver problemas graves como la crisis de movilidad, la saturación hospitalaria o la inseguridad.
¿Un Presupuesto Para Gobernar O Para Acaparar?
Legisladores consultados han advertido que el presupuesto del gobierno estatal muestra un sesgo preocupante. Aunque el gobierno estatal argumenta que ofrece un 3% más de lo aprobado en 2025 a los poderes y órganos autónomos, ese porcentaje ni siquiera cubre los aumentos salariales por inflación, mucho menos las necesidades operativas.
El desequilibrio en la distribución del gasto público apunta a una estrategia de control político disfrazada de planeación financiera. Al incrementar su propio presupuesto mientras debilita a las instituciones que lo fiscalizan, Samuel García refuerza un modelo centralizado de gobierno.
Además, la intención de aumentar la deuda pública sin garantizar transparencia ni contrapesos adecuados resulta especialmente preocupante. La opacidad con la que se maneja este crecimiento del gasto fortalece las sospechas de que el presupuesto busca fines políticos más que sociales.
Samuel García Busca Acaparar El Presupuesto Estatal
Pese a que el Congreso de Nuevo León tiene la facultad de modificar y aprobar el presupuesto, el margen de maniobra parece estrecho. La presentación del Paquete Fiscal ocurre en un contexto de confrontación política, donde el Ejecutivo ya ha demostrado su intención de imponer decisiones.
Mientras el Legislativo analiza los ajustes y se prepara para posibles negociaciones, desde el Ejecutivo se mantiene la narrativa de que los recortes son necesarios y justificados. Pero en los hechos, la balanza se inclina descaradamente hacia un solo lado.
El debate presupuestal apenas comienza, pero los datos ya exhiben una clara prioridad del gobernador: asegurar recursos para su administración, aunque ello implique desmantelar paulatinamente los mecanismos de control institucional y debilitar la vida democrática del estado.
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