El proyecto de viaducto elevado de cuota sobre la avenida Morones Prieto, impulsado por la administración de Samuel García, ha sido cancelado oficialmente. A pesar de haber sido defendido con insistencia por el Gobierno estatal como una solución a la congestión vial del Par Vial Constitución-Morones, la obra no pasará del papel. La razón: el Ejecutivo retiró formalmente la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), paso indispensable para poder iniciar su construcción.
La decisión marca un viraje importante en la postura del Gobierno, que durante meses respaldó la obra e incluso descalificó públicamente a quienes la criticaban. El retiro de la MIA fue notificado a la Semarnat mediante un oficio firmado por Felipe Gerardo Flores, director de la Red Estatal de Autopistas, y recibido el pasado viernes en la delegación federal de la dependencia. Con ese documento, el Ejecutivo sepulta un proyecto que fue blanco de numerosas protestas ciudadanas.
Una obra nacida bajo cuestionamientos
Desde su anuncio, el viaducto enfrentó oposición de colectivos ambientales, urbanistas y vecinos. La obra, planeada para extenderse 16.4 kilómetros por el margen sur del Río Santa Catarina, había sido criticada por su posible impacto ecológico, su carácter excluyente y la falta de consulta previa.
En respuesta a estas preocupaciones, Semarnat organizó una consulta pública en la que se evidenció un rechazo generalizado. Mientras tanto, el gobernador respondía a los cuestionamientos con burlas, refiriéndose a los opositores como “loquitos y loquitas”, lo cual incrementó el malestar ciudadano.
Financiado por privados, pero respaldado por el Estado
Aunque el gobernador intentó deslindarse del proyecto esta semana —afirmando que se trataba de una obra privada—, el vínculo entre el Gobierno y la obra era evidente. Fue la propia administración la que, en marzo de 2024, eligió a la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones como responsable del diseño, construcción y operación del viaducto.
El proyecto seguiría el modelo de asociación público-privada, lo que implicaba que el Estado otorgaría la concesión y facilitaría el marco legal y operativo para su ejecución. A cambio, la empresa obtendría ingresos cobrando cuotas por uso vehicular.
La presión ciudadana logró frenar el proyecto
A lo largo de varios meses, colectivos como Un Río en el Río insistieron en el riesgo que implicaba construir una obra de tal magnitud sobre un cauce natural que funciona como vaso regulador. Finalmente, el lunes, el Gobierno entregó a este colectivo la notificación del retiro formal del trámite ambiental.
“¡Lo logramos! El día de hoy el Gobierno de Nuevo León nos entregó el desistimiento formal ante la Semarnat para la evaluación del MIA del viaducto elevado de cuota”, publicó el colectivo en sus redes sociales. La declaración fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada frente a un proyecto impuesto desde el poder.
Una cancelación forzada por la presión pública
Horas después de la publicación del colectivo, el propio Gobierno confirmó públicamente la cancelación. El consejero jurídico estatal, Ulises Carlín, aseguró que “el proyecto ya está cancelado” y que cualquier otro permiso relacionado con intervenciones en el Río Santa Catarina quedará igualmente revocado.
Más allá de los motivos técnicos, la decisión parece obedecer a un desgaste político que el Ejecutivo prefirió evitar. Tras meses de críticas, protestas y presión mediática, el Gobierno optó por recular y poner punto final a un proyecto que se había convertido en un foco de tensión.
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