La investigación sobre la compra de válvulas por parte de Agua Y Drenaje mostró presuntos sobrecostos y adjudicaciones directas en plena “emergencia por sequía”. El organismo compró casi 2 mil válvulas con diferencias de precio de hasta 306% y, además, pagó a externos por instalaciones pese a contar con personal propio. Agua Y Drenaje concentra críticas por opacidad y decisiones financieras cuestionadas.
Agua Y Drenaje: La Compra Con Sobrecosto
El contrato se firmó en octubre de 2022 con Bermad Control de Flujo. La cifra total ascendió a 75 millones 763 mil 334 pesos. Según la investigación, 51 millones corresponden al sobrecosto. Las válvulas de 6 pulgadas se pagaron en 54,509.11 pesos por pieza. La cotización del mismo proveedor, para especificaciones iguales, fue de 13,440 pesos por unidad. La diferencia equivale a un sobrecosto de 306%. El cálculo sugiere que el pago debió rondar 6.3 millones por esas piezas, no 25.7 millones.
Asimismo, las válvulas de 4 pulgadas costaron 34,388.34 pesos por unidad. La referencia del proveedor marcó 12,657 pesos. La brecha fue de 172% sobre el valor cotizado. Con precios regulares, el desembolso habría sido cercano a 18.4 millones. Sin embargo, el organismo estatal erogó 50 millones. La decisión se justificó en la “urgencia” por la sequía. No hubo licitación pública.
El documento fue firmado por Eduardo Ortegón Williamson, entonces director de Tecnologías e Innovación. Meses después, él asumió como director general adjunto. La concatenación de fechas y nombramientos avivó preguntas. En especial, por la ausencia de pruebas que desmientan las cotizaciones de referencia. El organismo defendió la compra. Pero no mostró evidencia técnica que respalde su postura.
Agua Y Drenaje Válvulas: Adjudicaciones Directas A Externos
Además de la compra, Agua y Drenaje pagó 46.1 millones a dos compañías para instalar parte de las válvulas. Las empresas fueron ACPROIN y Prefabricados y Materiales CYSA. Se trató de 829 colocaciones adjudicadas de forma directa. El argumento volvió a ser la emergencia por sequía y la necesidad de recuperar caudales. El primer contrato con ACPROIN sumó 40.6 millones por 730 instalaciones. El segundo con CYSA ascendió a 5.5 millones por 99 piezas.
Lo controversial es que el organismo afirma contar con unos 700 trabajadores para instalación, operación y mantenimiento. El contrato colectivo, en su Cláusula 11, señala que el personal sindicalizado realiza esas tareas. También prevé una indemnización cuando se desplaza su trabajo con externos. En redes institucionales de 2023 y 2024, la propia paraestatal difundió a su personal instalando válvulas.
El doble mensaje generó dudas adicionales. Por un lado, contratos externos “urgentes”. Por el otro, publicaciones que muestran a cuadrillas internas haciendo las mismas labores. La consistencia narrativa importa cuando se invocan emergencias para saltar procesos de competencia. Transparencia y trazabilidad ayudan a sostener decisiones extraordinarias.
Agua Y Drenaje Válvulas: La Sequía Como Justificación Recurrente
La sequía aparece como eje argumental. Se usó para la compra con sobreprecio. También para la instalación mediante adjudicación directa. El expediente sostiene que la “modulación de presiones” era indispensable a corto plazo. La meta: garantizar abasto y reducir pérdidas en la red. La pregunta es si la urgencia justifica los precios y la contratación externa, con personal disponible.
El contexto financiero tampoco ayuda. El Estado enfrenta compromisos por el acueducto El Cuchillo 2. El pago a largo plazo casi triplica la aportación inicial. Además, el Consejo de la paraestatal frenó un financiamiento por 26,485 millones para reuso potable indirecto. Pidieron un esquema menos caro y más claro. Esto abona a la percepción de vigilancia interna.
Mientras tanto, los números de Agua Y Drenaje en su compra de válvulas siguen en discusión pública. La institución rechazó el sobrecosto, pero no aportó pruebas concluyentes. La verificación independiente se vuelve clave para cerrar brechas de información.
Agua Y Drenaje Válvulas: Qué Dicen Las Cifras Y Los Contratos
Los montos comparados provienen del mismo proveedor. Eso reduce el margen de confusión técnica sobre especificaciones. Aun así, la defensa institucional cuestiona la validez de esas cotizaciones. Sin peritajes o dictámenes públicos, la duda permanece. La cronología contractual y la promoción posterior de personal directivo también levantan cejas.
Los contratos se firmaron el 25 de octubre de 2022. El mismo día, se concretó la compra y las encomiendas de instalación. La simultaneidad sugiere un plan acelerado. Pero acelere no equivale a opacidad inevitable. Se puede documentar y abrir datos, incluso en emergencias.
La consistencia con el contrato colectivo es otro punto. Si la regla es que el personal interno instala válvulas, ¿por qué acudir a externos? ¿Por qué gastar el dinero de Nuevo León en algo innecesario? Si hubo desplazamiento, ¿se activaron las indemnizaciones previstas?
Próximos Pasos: Auditorías, Datos Abiertos Y Lecciones
Para reconstruir confianza, hace falta una auditoría técnica y financiera. Debe responder por qué se pagó ese diferencial y si hubo alternativas viables a menor costo. También verificar si el personal interno estaba disponible y capacitado para esa escala.
Datos abiertos ayudarían. Publicar fichas técnicas, órdenes de compra, entregables y bitácoras de instalación. Conocer tiempos, zonas y responsables permitiría medir impacto en reducción de fugas y mejora de presión. Transparencia no es un gesto; es un estándar de servicio público.
Finalmente, quedan lecciones de gobierno estatal en crisis. La emergencia no debe convertirse en atajo permanente. La competencia y la trazabilidad son compatibles con la prisa, si se planifica y documenta.
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