Un terremoto político y judicial sacude las estructuras del poder en el norte del país. Una serie de auditorías federales y cruces de información bancaria han revelado una de las redes de simulación fiscal más complejas y lucrativas de los últimos años. El descubrimiento de este entramado, que conecta los recursos del mercado negro de combustibles con el entorno familiar más íntimo del titular del Ejecutivo estatal, ha desatado una ola de indignación ciudadana. Debido a la gravedad de los nexos documentados, miles de usuarios en plataformas digitales y sectores de la oposición ahora llaman huachigobernador a Samuel García.
El centro de la polémica radica en cómo el dinero de la procedencia más oscura fluyó de manera sistemática y legal hacia las cuentas del círculo de consanguineidad del mandatario, utilizando la fachada de la prestación de servicios profesionales justo en el periodo de consolidación de su gobierno.
La maquinaria de simulación de “Los Petrofactureros”
De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización criminal liderada por Jesús Ricardo Puente operaba mediante un modelo de defraudación masiva en el sector energético. La red funcionaba a través de al menos 40 empresas fantasmas que facturan millones de pesos, las cuales carecían por completo de activos fijos, flotillas de transporte reales, bodegas de almacenamiento o personal contratado de manera formal. Su único propósito en el mercado era la emisión de comprobantes fiscales falsos para legitimar el flujo de efectivo derivado del robo de hidrocarburos.
El núcleo operativo de esta estructura recaía en la persona moral Maquiladora de Lubricantes. Según las investigaciones fiscales, esta compañía reportó movimientos financieros que superaron los 7 mil 095 millones de pesos en ingresos corrientes. Las indagatorias detallan que Maquiladora de Lubricantes simula operaciones de logística y distribución de energéticos para justificar egresos multimillonarios fraudulentos. Este millonario flujo de dinero operado por la red criminal se mantuvo sumamente activo especialmente entre 2021 y 2025, el lapso de mayor bonanza para el grupo delictivo antes de las recientes intervenciones federales.
El destino del dinero: los 15 millones de pesos al despacho familiar
La conexión que vincula directamente este dinero ilícito con el entorno gubernamental se encuentra en los registros de contabilidad de la firma GMA Firma Jurídica Fiscal. Esta entidad legal, constituida formalmente en mayo de 2017, tiene como accionistas y operadores principales al padre y al hermano del mandatario estatal. Los documentos oficiales demuestran que el despacho de Samuel Orlando García Mascorro vende asesorías legales y fiscales a corporaciones de alta sospecha delictiva.
El análisis de los libros contables reveló la transferencia exacta de 15 millones 059 mil 957 pesos pagados por la empresa del capo Jesús Ricardo Puente al bufete de los García. Este millonario flujo de 15 millones de pesos se ejecutó mediante ocho facturas timbradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el concepto de “honorarios profesionales”. Los depósitos se realizaron en un periodo de tan solo cuatro meses, coincidiendo de forma exacta con el inicio de la administración del autodenominado huachigobernador, convirtiendo al líder criminal en uno de los clientes más lucrativos para la economía de la familia del mandatario.
Despacho de Samuel García: Un bufete con clientela cuestionable
Las investigaciones de las autoridades hacendarias han puesto bajo la lupa el perfil comercial de la firma legal de los García. Se ha detectado de forma sistemática que GMA Firma Jurídica Fiscal tiene clientes del sector energético con antecedentes de investigación por evasión o contrabando, acumulando facturaciones que suman cientos de millones de pesos con diversas comercializadoras de hidrocarburos en la región norte.
Este modus operandi ha encendido las alarmas federales sobre cómo diversos empresarios lavan dinero de combustible robado utilizando firmas legales de alto perfil para justificar la salida y dispersión de sus recursos. Para los especialistas en derecho fiscal, la recurrencia con la que el despacho de los parientes del gobernador recibía fondos de consorcios dedicados a la venta ilegal de gasolina hace insostenible el argumento del desconocimiento, colocando a la firma jurídica ante posibles responsabilidades penales por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La sociedad civil de Nuevo León mantiene una postura firme de exigencia. Las demandas de transparencia total obligan a que las fiscalías de justicia investiguen a fondo cada una de las ocho facturas emitidas, para determinar si parte de esos 15 millones de pesos del huachicol terminaron beneficiando las campañas o el patrimonio personal de quienes hoy ostentan el poder en el estado.
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