Los resultados de la fiscalización practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) colocaron en el centro de la controversia política el manejo presupuestal del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nuevo León), institución vinculada políticamente a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García. Mientras sectores críticos y reportes legislativos sostienen la tesis de que Samuel usa al DIF Nuevo León para desviar recursos públicos hacia firmas privadas relacionadas con su entorno familiar, desde la administración estatal se ha argumentado que los señalamientos forman parte de una ofensiva política y que las observaciones contables serán aclaradas conforme a los plazos legales establecidos.
- Dispersiones por 1,953 millones de pesos y la ruta de Don Cacahuato
- Facturación de alimentos básicos con sobreprecio en el sistema asistencial
- La nómina pública y el pago a colaboradores de empresas privadas
- Adjudicaciones de obra en Capullos, Fabriles y compras de ropa infantil
- El vínculo con la red global de 1,700 millones y los fármacos contra el cáncer
Para ofrecer una perspectiva distinta a los análisis generales de la Cuenta Pública, este desglose se concentra en la operación interna del organismo asistencial —los flujos millonarios con la proveedora Don Cacahuato, la facturación de alimentos básicos con sobreprecio, los cuestionamientos por el pago de sueldos a personal externo y las adjudicaciones de obra pública e insumos infantiles—, integrando además el contexto general de los casi 1,700 millones de pesos rastreados por la auditoría y los expedientes sobre medicamentos oncológicos.
Dispersiones por 1,953 millones de pesos y la ruta de Don Cacahuato
De acuerdo con el informe técnico expuesto ante el Congreso local, uno de los ejes principales de la revisión al DIF Nuevo León corresponde a los contratos de suministro de alimentos celebrados con la empresa Don Cacahuato. Los registros contables auditados indican que la dependencia estatal realizó dispersiones por un monto acumulado de 1,953 millones de pesos en favor de dicha compañía proveedora.
El rastreo bancario realizado por la Unidad de Investigación de la ASENL señala que, tras recibir los recursos públicos, la empresa dispersó el capital entre cinco filiales pertenecientes a su mismo grupo corporativo. Posteriormente, en un lapso de apenas ocho días, se ejecutaron transferencias bancarias por 23.3 millones de pesos hacia las cuentas del despacho jurídico-fiscal vinculado con la familia del titular del Ejecutivo estatal. Los auditores subrayaron que esta triangulación financiera requiere comprobar la materialidad de los servicios prestados y descartar la simulación de operaciones comerciales.
Facturación de alimentos básicos con sobreprecio en el sistema asistencial
Más allá del movimiento de capitales entre empresas, la auditoría estatal revisó los precios unitarios pagados por el DIF Nuevo León en la adquisición de insumos destinados a programas alimentarios, detectando diferencias sustanciales respecto a los precios de referencia del mercado mayorista vigente durante el ejercicio fiscalizado.
Entre las observaciones documentadas en el expediente oficial figuran adquisiciones de productos de la canasta básica a costos considerablemente elevados:
- Chayote: Facturado a 300 pesos por kilogramo, frente a un precio comercial al mayoreo cercano a los 18 pesos.
- Aguacate: Cotizado y pagado en 250 pesos por kilogramo.
- Tomate: Registrado en facturas a 200 pesos por kilogramo.
- Cebolla: Adquirida a un precio unitario de 180 pesos por kilogramo.
Para los órganos fiscalizadores, estas variaciones de precios exigen una justificación documental exhaustiva que acredite las condiciones de contratación y entrega de los víveres.
La nómina pública y el pago a colaboradores de empresas privadas
Otro punto crítico del informe presentado por la ASENL aborda el uso de recursos destinados a servicios personales, documentando presuntas irregularidades en la plantilla laboral del organismo. Según los hallazgos de la auditoría, la nómina del DIF pagó empleados de empresa privada por un monto acumulado de 3.15 millones de pesos, recursos que habrían cubierto las remuneraciones de cuatro colaboradores externos a la función pública.
El expediente detalla que dichas personas desempeñaban labores tanto en el despacho jurídico-fiscal asociado a la familia del gobernador como en una empresa privada de cosméticos propiedad de Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de Mariana Rodríguez Cantú. Este cruce administrativo ha sido señalado por actores opositores como un posible conflicto de interés y desvío de recursos humanos y financieros del erario estatal hacia negocios particulares.
Adjudicaciones de obra en Capullos, Fabriles y compras de ropa infantil
El reporte de fiscalización también amplió el escrutinio hacia otras partidas ejercidas dentro de la red asistencial del DIF estatal. La ASENL incluyó observaciones sobre adjudicaciones directas y contratos otorgados a empresas constructoras encargadas de los trabajos de remodelación en el Centro Capullos y en el centro comunitario Fabriles, solicitando acreditar el avance físico y el soporte técnico de las estimaciones pagadas. A ello se suman cuestionamientos en la adquisición de lotes de ropa infantil destinada a los menores bajo resguardo estatal, operaciones que los auditores integraron dentro de la misma red de proveedores investigados.
El vínculo con la red global de 1,700 millones y los fármacos contra el cáncer
Los señalamientos observados en el DIF forman parte de un expediente más amplio documentado por la ASENL, en el cual se contabilizan 786 transferencias bancarias por casi 1,700 millones de pesos (1,696.6 millones exactos) trianguladas desde diversas dependencias hacia el despacho jurídico-fiscal ligado al mandatario y a su padre. Dentro de esa misma estructura financiera, la auditoría reportó pagos por 420.6 millones de pesos realizados por el Isssteleón y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a una distribuidora de medicamentos contra el cáncer, señalando presuntos sobrecostos, falta de comprobación física de los tratamientos y envíos posteriores por 74.1 millones de pesos hacia sociedades mercantiles vinculadas con el entorno familiar del gobernador.
En conjunto, el expediente de la Auditoría Superior de Nuevo León coloca bajo escrutinio tanto las contrataciones de alimentos con Don Cacahuato, la nómina y las obras en el DIF, como el esquema general de casi 1,700 millones de pesos y las adquisiciones de medicamentos oncológicos, abriendo un proceso en el que el gobierno de Samuel García deberá demostrar con documentos la legalidad del gasto frente a las acusaciones de desvío hacia su círculo familiar. ¿Consideras que los programas de asistencia social y de salud deberían contar con mecanismos de transparencia en tiempo real para evitar cuestionamientos sobre el uso de sus recursos?
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