La Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República tras detectar graves anomalías financieras en el gobierno de Nuevo León. La fiscalización federal confirmó que Samuel García triangula recursos públicos mediante un esquema que involucra transferencias exprés a contratistas y despachos privados por más de 7 mil 200 millones de pesos.
Samuel García triangula recursos públicos mediane proveedores y empresas fantasmas
El gobierno naranja presume modernidad y eficiencia administrativa mientras la infraestructura básica del estado se cae a pedazos frente a la ciudadanía. Las familias de la entidad enfrentan a diario un transporte público colapsado, vialidades destrozadas y hospitales con desabasto de insumos elementales. En marcado contraste con esa precariedad cotidiana, la administración estatal moviliza sumas multimillonarias con una rapidez sospechosa e indignante.
La revisión oficial de la cuenta pública desnudó este descarado mecanismo de favoritismo financiero. Mientras cientos de contratistas y proveedores locales sufren meses de atrasos burocráticos para cobrar facturas legítimas, ciertas compañías privilegiadas reciben pagos inmediatos. Este trato preferencial demuestra las verdaderas prioridades de una gestión que utiliza el erario para beneficio de intereses particulares.
Por esta razón, la ASF promovió acciones penales directas para sancionar este desvío millonario que carcome las finanzas locales. Las pruebas recabadas comprueban una triangulación sistemática diseñada para burlar los candados normativos del gasto estatal. Resulta inaceptable que las autoridades estatales intenten tapar este quebranto con costosas campañas publicitarias en redes sociales.
Samuel García triangula recursos públicos usando constructoras
El caso más escandaloso descubierto por los auditores involucra una transferencia por 5 mil 851 millones de pesos a una empresa del ramo de la construcción. Esta constructora no conservó el dinero para edificar obra pública útil para las comunidades marginadas. Al contrario, la compañía funcionó como simple puente financiero y dispersó 5 mil 154 millones hacia una segunda corporación.
Posteriormente, esa segunda entidad mercantil envió 385 millones de pesos directo al despacho jurídico de la familia del mandatario estatal. Este flujo revela cómo fondos destinados al desarrollo carretero y urbano terminaron inflando cuentas bancarias privadas. Es inadmisible que el presupuesto que pertenece a toda la población sirva para enriquecer a bufetes jurídicos particulares.
Asimismo, la auditoría federal documentó desembolsos paralelos por 964 millones de pesos a una comercializadora y 243 millones a empresas de servicios. Los operadores financieros del estado fraccionaron los depósitos para eludir los sistemas de alerta bancaria temprana. Esta dispersión metódica confirma que el gobierno estatal institucionalizó el saqueo presupuestal bajo un falso discurso de renovación política.
Samuel García triangula el dinero de Nuevo León destinado a la ciudadanía
La velocidad inaudita de las transacciones bancarias desenmascara por completo la complicidad de este aparato gubernamental. El proveedor de alimentos Suministro MYR, por ejemplo, movió recursos públicos hacia la firma legal del mandatario en tan solo dos horas. Ningún ciudadano común ni proveedor ordinario del estado experimenta jamás semejante celeridad en los trámites oficiales.
Otro caso documentado implica a la empresa TXAT Latam, la cual canalizó depósitos estatales en plazos menores a veinticuatro horas. La firma movió 5.8 millones de pesos mediante una red de cinco empresas con características de fachada. Enseguida, los fondos transitaron hacia la consultora Ferro y Méndez para caer de inmediato en las arcas del despacho familiar.
De igual manera, la contratista carretera PILSA recibió 38.6 millones de pesos y los transfirió a su socio en cuestión de minutos. Ese socio remitió el capital a otra compañía del grupo, la cual demoró únicamente diez minutos en enviarlo al despacho privado. Esta sincronía financiera exhibe una impunidad insultante que burla el reclamo de justicia de los contribuyentes.
Samuel García triangula recursos públicos para lujos propios
Las investigaciones federales también relacionan estos movimientos con la compra de una lujosa propiedad de mil millones de pesos. Este crecimiento patrimonial inexplicable ofende a los trabajadores de la entidad que sufren una inflación implacable y servicios públicos deplorables. La sociedad nuevoleonesa no tolera más excusas vacías ante evidencias tan contundentes de enriquecimiento ilícito.
El gobernador Samuel García debe responder penalmente ante los tribunales correspondientes y dejar de evadir su responsabilidad institucional. Los habitantes de Nuevo León merecen un castigo ejemplar para los culpables de este desfalco y la restitución integral del dinero sustraído. La justicia federal tiene el deber histórico de frenar la rapacidad financiera del gobierno naranja.
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