La Auditoría Superior del Estado (ASE) documentó depósitos a empresas irregulares durante la actual administración que encabeza el Gobernador de Nuevo León, Samuel García. El organismo fiscalizador detectó una grave diferencia entre los contratos reportados y los montos facturados. Esta revisión financiera evidencia los contratos irregulares de Samuel García en Nuevo León en el marco de la auditoría en Nuevo León 2025.
Hallazgos sobre depósitos a empresas irregulares y sanciones internacionales
El auditor general Alejandro Reynoso Gil informó los resultados de estas indagatorias sobre el manejo del erario estatal. De acuerdo con el reporte oficial, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront) facturó 537.4 millones de pesos entre julio de 2022 y octubre de 2026. Estos recursos llegaron a una firma constructora que enfrenta sanciones internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos por estar vinculada al narcotráfico mexicano.
Sin embargo, el gobierno estatal únicamente reportó contratos públicos con dicha compañía por un monto total de 120.9 millones de pesos. Al comparar las 47 facturas emitidas contra los importes contractuales publicados, la ASE determinó que el gasto real equivale a 4.4 veces lo transparentado. Por lo tanto, existe un excedente financiero sin justificación pública clara.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a esta compañía apenas cinco días después de su último cobro en la entidad. Las autoridades norteamericanas identificaron a la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. como parte de una red financiera vinculada al Cártel del Noreste.

Detalles de los contratos irregulares en Nuevo León y Codefront
La información recabada por los organismos fiscalizadores señala que la administración estatal otorgó diversos proyectos de infraestructura fronteriza a esta empresa. Entre los años 2022 y 2023, Codefront asignó al menos tres contratos por 110 millones de pesos para obras en el Puente Internacional Colombia-Laredo, ubicado en el municipio de Anáhuac.
Posteriormente, en julio de 2023, la corporación estatal entregó el contrato de mayor cuantía por casi 70 millones de pesos. Este proyecto consistió en la construcción de casetas y carriles de acceso en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL). Mientras el discurso oficial destaca la rendición de cuentas, los registros públicos muestran una brecha significativa entre lo adjudicado y lo finalmente pagado.
Asimismo, el informe del Departamento del Tesoro indica que los accionistas Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías utilizaron la constructora para canalizar fondos hacia campañas políticas de su preferencia. El reporte estadounidense también advierte que la firma obtuvo licitaciones de manera corrupta y subcontrató a otras compañías ligadas a la misma red criminal en el norte del país.
Operaciones con empresas factureras en la auditoría en Nuevo León 2025
Por otra parte, la unidad investigadora de la ASE amplió la revisión hacia otros movimientos financieros realizados desde la Tesorería estatal. El auditor Alejandro Reynoso Gil explicó que las indagatorias identificaron pagos relacionados con empresas incluidas en el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
En consecuencia, el monto total de estas operaciones asciende a 3,366.1 millones de pesos. Dicha cifra corresponde a compañías que las autoridades fiscales presumen como inexistentes o dedicadas a la simulación de operaciones comerciales.
De igual manera, los reportes de fiscalización señalan que diversas dependencias estatales dispersaron recursos millonarios en rubros como construcción, alimentos, equipamiento y consultoría. Estas triangulaciones financieras abren la puerta a investigaciones administrativas y penales contra los servidores públicos responsables de autorizar los desembolsos.

Acciones legales tras detectar depósitos a empresas irregulares
Ante la gravedad de los hallazgos financieros, diversos actores políticos y legislativos exigieron sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar calificó este esquema financiero como una estafa y acompañó a Clara Luz Flores para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, el titular de la ASE comunicó a los legisladores locales, entre ellos Carlos de la Fuente y Mauro Guerra, los siguientes pasos del proceso legal. Reynoso Gil estableció un plazo máximo de dos semanas para integrar los expedientes técnicos y turnar las carpetas de investigación a las fiscalías especializadas.
Finalmente, el órgano fiscalizador reiteró que mantendrá la coordinación con las autoridades federales y estatales competentes. El objetivo principal consiste en esclarecer el destino final de los recursos públicos y determinar si existió desvío de fondos o financiamiento ilícito durante la gestión del Gobernador de Nuevo León.
Lee más ¡Triangulación en el DIF! ASENL exhibe más robos de Samuel García y Mariana Rodíguez
Array











