Ni los transportistas de la obra federal se salvan de las extorsiones viales en Nuevo León. El acoso a camiones de carga por parte de policías del gobierno de Samuel García afecta directamente la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Esta red de corrupción opera con total impunidad en los municipios del estado naranja, frenando la infraestructura federal impulsada por la Presidenta de México.
Policías del Gobierno de Samuel García frenan la infraestructura nacional
El estado de Nuevo León destaca hoy como el líder nacional en moches y acoso contra los choferes de carga pesada. Los transportistas acusan moches exorbitantes en Nuevo León que complican el traslado de materiales esenciales para las obras civiles. Esta situación empeora en el municipio de Salinas Victoria, donde la constructora ICA realiza los trabajos del nuevo tren de pasajeros. El alcalde emecista Raúl Cantú es acusado de solapar una red de corrupción operada por sus agentes de tránsito municipal. Los afectados señalan directamente a la Secretaría de Seguridad y Vialidad municipal por montar operativos ilegales de recaudación.
Según el periódico El Norte, los oficiales detienen las unidades sin argumentos válidos y exigen pagos inmediatos para permitirles continuar con sus rutas diarias. Por esta razón, el sindicato de la construcción reporta pérdidas millonarias y retrasos severos en el cronograma de la obra federal. El gobernador Samuel García ignora estas denuncias ciudadanas mientras presume inversiones extranjeras y grandes eventos deportivos en sus redes sociales. La administración estatal del partido Movimiento Ciudadano prefiere desviar la atención pública en lugar de limpiar las corporaciones policiacas locales.
La falta de control sobre los tránsitos municipales evidencia la complicidad latente entre el poder político y las mafias viales. Los trabajadores del volante viajan con miedo constante de perder sus herramientas de trabajo en cada retén del estado. El gobierno naranja abandona la vigilancia real en las carreteras para concentrar sus esfuerzos en multas con fines netamente recaudatorios. Esta crisis de seguridad vial frena la competitividad económica de una de las regiones industriales más importantes de todo México.
Arturo Garza Morúa encabeza el acoso contra choferes en Salinas Victoria
La corporación vial opera bajo las órdenes directas de un mando policiaco severamente cuestionado por la opinión pública del estado. Grabaciones delatan al jefe policiaco Arturo Garza Morúa lanzando amenazas directas contra los operadores de carga desde hace meses. A pesar de las evidencias contundentes presentadas ante las autoridades competentes, el funcionario municipal permanece en su cargo sin amonestaciones. Los transportistas sufren detenciones arbitrarias y amenazas de enviar sus camiones a los corralones privados si no ceden al pago.
Jorge Gloria Ovalle, secretario del sindicato de la construcción de la CROC, denunció que las detenciones iniciaron a mediados de febrero. La corporación municipal decomisó veinte de sus treinta y cinco camiones de carga pesada asignados a las obras federales. Los empresarios pagaron moches como “multas” y estancias en el corralón que van desde los treinta mil hasta los cincuenta mil pesos. Estas cifras representan un golpe letal para la economía de los pequeños transportistas de la región del noreste del país.
Los policías municipales vigilan los accesos de los predios particulares de donde los choferes extraen el material de construcción. Los agentes impiden la salida de los camiones argumentando supuestas faltas administrativas que no existen en los reglamentos de tránsito. El sindicato suma varios días sin poder brindar el servicio logístico a la empresa constructora en el tramo de San Javier. El abuso de autoridad detiene el progreso de los proyectos prioritarios de la federación por la codicia de los mandos locales.
El entronque de la Carretera a Colombia opera como punto de extorsión vial
El acoso de los oficiales municipales escaló de nivel durante el mes de mayo con la instalación de retenes fijos. El entronque de la Carretera a Colombia con Mamulique se convirtió en un punto fijo para exigir cuotas a camiones de material. Los policías montaron un operativo permanente en esta vía estatal que comunica directamente con el patio operativo de la empresa constructora. Los tránsitos retienen las góndolas cargadas con piedra y tierra provenientes de los municipios vecinos para presionar a los empresarios.
El líder sindical de la CROC relató que los oficiales lo detuvieron ilegalmente tras intentar documentar el abuso con fotografías. Una patrulla municipal le cerró el paso de forma violenta argumentando una supuesta revisión de rutina sobre la vía pública. Los agentes ignoraron la intervención de la Guardia Nacional, la cual acudió al sitio para mediar en el conflicto vial. El propio secretario de seguridad municipal ordenó el arresto del dirigente utilizando un lenguaje sumamente agresivo frente a los testigos.
La policía trasladó al afectado hacia las celdas municipales y lo fotografió junto a elementos fuertemente armados con fusiles. La corporación difundió la imagen en las redes sociales para criminalizar su labor y calificarlo falsamente como un pseudolíder extorsionador. El ayuntamiento naranja aisló al detenido durante tres días completos sin permitirle realizar llamadas telefónicas ni recibir asistencia legal oportuna. Este acto de represión institucional busca silenciar las protestas legítimas de los trabajadores afectados por las cuotas viales del municipio.
Choferes exigen un freno total al abuso naranja
Las víctimas colaterales de este sistema de corrupción incluyen a pequeños transportistas locales y de otros estados de la república. Choferes y pequeños empresarios exigen limpiar la corporación de seguridad del municipio ante los constantes atropellos contra los trabajadores. El sector privado critica a las administraciones de Movimiento Ciudadano por concentrarse en el Mundial de fútbol y abandonar la vigilancia en las carreteras. El gobierno estatal gasta millones de pesos en publicidad oficial mientras sus policías extorsionan a los encargados de la infraestructura.
La Conatram y la Caintra exigen soluciones inmediatas ante la complacencia del gobernador Samuel García frente a los abusos viales. Los transportistas advierten que suspenderán las obras del tren de pasajeros si las autoridades estatales no garantizan el libre tránsito seguro. El gobierno naranja debe castigar de inmediato a los elementos que dañan la economía nacional por intereses particulares individuales y corruptos. La ciudadanía de Nuevo León demanda seguridad real y el fin de los moches policiales que frenan el desarrollo del estado.
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