La decisión de la Fiscalía de cerrar investigaciones contra Samuel García ha encendido las alarmas en el Congreso de Nuevo León. Legisladores locales de distintas fuerzas políticas advirtieron que declarar el inejercicio de la acción penal en varias denuncias contra el Gobernador no solo representa un retroceso en la procuración de justicia, sino que lanza un peligroso mensaje de impunidad.
Las acusaciones archivadas están relacionadas con presuntos actos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos, además de triangulaciones financieras y adquisiciones de propiedades de alto valor. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía General de Justicia del Estado optó por cerrar las carpetas, generando molestia entre los representantes populares y preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Fiscalía cierra casos de Samuel García
Varios legisladores locales han coincidido en que la decisión de cerrar expedientes relacionados con Samuel García podría debilitar la credibilidad del sistema de justicia en el estado. Estas carpetas fueron abiertas para investigar operaciones poco claras, entre ellas la adquisición de un terreno de 18 hectáreas en San Pedro, valuado en aproximadamente 700 millones de pesos, así como la compra de un rancho de 700 hectáreas en Linares, en los límites con Tamaulipas.
Las denuncias también apuntaban a supuestas triangulaciones de dinero desde proveedores del Gobierno estatal hacia el despacho jurídico compartido por el Gobernador y su padre. Esta operación generó dudas entre los legisladores, quienes consideran que las pruebas eran suficientes al menos para continuar con el proceso investigativo.
Sin embargo, la Fiscalía determinó no ejercer acción penal en ninguna de estas carpetas, sin ofrecer explicaciones públicas detalladas ni informes técnicos que sustenten su decisión.
Legisladores piden investigación real
Desde el Congreso se ha exigido que las autoridades ministeriales actúen con responsabilidad y no cedan a intereses políticos. La cancelación de estos casos sin una investigación completa, dijeron algunos diputados, daña gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Insistieron en que no puede haber excepciones para ningún servidor público, y menos para el titular del Ejecutivo estatal.
Incluso legisladores de Morena, partido que ha tenido diferencias con otras bancadas, se unieron a la exigencia de que se garantice la rendición de cuentas. Señalaron que su postura es clara: cuando hay denuncias, se deben investigar sin importar a quién involucren.
El llamado es a que no se caiga en simulaciones ni se utilicen criterios políticos para proteger a figuras con poder. Enfatizaron que el combate a la corrupción debe ser parejo y sin privilegios, y que no se puede tolerar que el Ministerio Público actúe de forma discrecional.
Movimiento Ciudadano defiende a Samuel García
Mientras tanto, desde la bancada de Movimiento Ciudadano se emitieron declaraciones que respaldan la decisión de la Fiscalía. Argumentaron que las denuncias contra Samuel García carecen de elementos suficientes para continuar con la investigación. Para sus representantes, no se trata de un “carpetazo”, sino de una decisión técnica basada en la revisión de los expedientes.
Esta postura, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por otras fuerzas políticas. Aseguran que resulta sospechoso que varios casos de alto perfil y con implicaciones millonarias se cierren al mismo tiempo, especialmente cuando involucran al actual Gobernador.
Además, criticaron que ni la Fiscalía General ni el despacho del Gobernador hayan ofrecido una postura oficial ante la ciudadanía. La opacidad con la que se manejan estos asuntos alimenta la percepción de que el sistema de justicia en Nuevo León opera bajo presión o influencia del poder político.
Los representantes del Congreso subrayan que no se oponen a que las investigaciones se cierren si realmente no hay elementos. Pero en este caso, consideran que sí existían suficientes indicios como para seguir investigando a fondo.
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